Pasqual Pastor i Gordero, miembro del MOC-València y de la Assemblea Popular València Contra les Guerres.
La inacción política frente a la acción climática natural
La dana nos ha mostrado la fuerza destructiva del cambio climático. Este fenómeno se inscribe en el marco de una urgencia medioambiental en la que han convergido dos factores: por un lado, la acción natural desmedida de un clima cuyo cambio estamos acelerando; y, por otro, la inacción política, la pasividad frente a las alertas de peligro aportadas por la ciencia, añadido al bloqueo a acometer las infraestructuras previstas necesarias.
La evidencia científica viene avisándonos de que la naturaleza está enferma, que sufre una progresiva destrucción ecológica, climática y energética. Es el resultado del sometimiento a unas políticas de depredación del territorio y del uso insaciable de los limitados recursos del planeta. La dana es el grito de la Tierra que nos interpela.
Ahora bien, una vez que la ciencia nos ha alertado, sin haber hecho las adaptaciones para prevenirlo, ya no es un mero desastre natural. La no intervención se convierte en una responsabilidad política, social y penal. A quien hay que pedir cuentas es a quien tenía que hacer y no ha hecho, no al clima. Y las víctimas de lo ocurrido tienen derecho a saber por qué.
¿Alguien sabe qué es esto del Sistema de Protección Civil?
Es el organismo específico que, en principio, tiene la competencia de gestionar las emergencias. Es el eje que debe vertebrar las políticas públicas de protección civil y de intervención ante las catástrofes. Según regula la Ley que lo creó, tiene la misión de movilizar y coordinar toda una maquinaria de entidades públicas y privadas relacionadas con desastres.
Es preciso preguntarse, ¿dónde estaba cuando la dana? Porque no es lo que hemos visto. El protagonismo de la intervención pública se lo ha llevado la UME, la Unidad Militar de Emergencias, cuando este organismo no supone más que la doceava parte de los cuerpos que integran el sistema público de emergencias1.
Un eco de esta percepción es la atención que los medios de comunicación han prestado a la actuación de los militares en comparación con la información sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil o sobre si se había previsto un plan de obras de prevención. Tampoco se ha visto el despliegue normativo y de recursos que hacía falta hacer, ni sabemos a quien le corresponde qué de la gestión de la emergencia. La profusa dispersión de sus disposiciones legislativas. (centrales, autonómicas y locales) abunda en la falta de operatividad de los protocolos establecidos.
Por otra parte, según la Disposición adicional séptima de la ley que crea el Sistema Nacional de Protección Civil dispone que no debe suponer incremento alguno del gasto público. Choca que se constituya sin presupuesto propio. Lo convierte en un organismo que nace muerto.
Ninguna instancia de la administración (central, autonómica, local) ha podido mostrar ningún plan vigente de intervención. La impresión es que todo se ha estado improvisando.
Tampoco hay manera de averiguar cómo y desde cuándo se han distribuido las competencias que debe atender una calamidad tan compleja. Ni se especifican los cometidos asignados a cada una de las entidades presuntamente implicadas. La consellera de emergencias ni siquiera sabía del sistema de alerta de emergencia a través de los móviles. Y un largo etc.
Así que casi nadie habla de Protección Civil. De lo que se habla es de la UME. Y, es normal porque la gente lo que ve circular por las calles de la zona cero son los vehículos, la maquinaria y los aparatos que conducen los soldados. Ellos son quienes disponen de las instalaciones, de la tecnología, de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la dana.
La Protección Civil, un derecho y un deber constitucional de la sociedad civil.
La dana nos ha hecho más conscientes de nuestra vulnerabilidad. Botas de agua, cubos y palas se han convertido en los iconos de la solidaridad. La ciudadanía, no importa de qué ideología, se ha volcado en ayudar. Una riada de voluntariado ha acudido pronto al desastre, arremangada, preguntándose: "¿qué puedo hacer?" Un impulso natural ha movilizado a personas de todas las edades y condición, llegadas de todas partes, para prestar todo tipo de servicios: limpiando casas y calles, repartiendo agua y alimentos, acompañando en la aflicción. Resulta reconfortante, en un tiempo de exacerbación de la individualidad, sentirse formando parte de gente que todavía mantiene el impulso espontáneo de protegerse unos a otros como personas, siguiendo la tradición de “Hoy por ti, mañana por mí”, en defensa del bien común.
Esta respuesta de la población civil es la que consagra la Constitución como un derecho y un deber de la ciudadanía en la defensa de España (art. 30.1). Cometido que prevé regular en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (art. 30.4) como tarea correspondiente en primera instancia a la sociedad civil y no a una instancia militar. La Carta Magna circunscribe la función de las Fuerzas Armadas a “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” (art. 8), es decir, ninguna competencia explícita con respecto a la protección y defensa de las catástrofes meteorológicas. Bien entendido que en casos de emergencia la sociedad civil y el Estado tienen el derecho y el deber de disponer de todos los recursos a su alcance, incluyendo (por supuesto) los de su ejército y no sólo el de una unidad militar.
¿Por qué se creó la UME?
La dictadura militar de Franco creó la estructura del ejército como una sociedad cerrada dentro de la sociedad civil. Militares con sus familias hacían vida aparte en sus espacios propios de viviendas, hospitales, economatos, escuelas, clubs deportivos y sociales. Ser militar configuraba una fuerte identidad de militancia apologética en la ideología nacional-católica del franquismo.
Para neutralizar el efecto negativo de esta anomalía sobre la democracia, los gobiernos de la transición trataron de construir una imagen del ejército (sobre todo a raíz de la integración en la OTAN) asociada a misiones exteriores de tipo humanitario de la ONU. Y, en cuanto al interior, Bono, ministro de Zapatero, plantea la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) como si el ejército fuera una ONG, a la que se le había caído la N. El portavoz (un militar ) del PP en el Senado la calificó de “despilfarro y capricho faraónico”. La respuesta de Bono nos aclara por qué se creó la UME: “porque era necesario mejorar la imagen del ejército ante la sociedad”. Y así fue. La dana ha puesto de manifiesto cómo la opinión pública tiene asumida esta función de asistencia militar en la catástrofe.
Pero, ¿son las emergencias una cuestión que corresponde al ejército?
No. A quien corresponde es al Sistema Nacional de Protección Civil, constituido a tal fin. Es una entidad que integra también a la UME. Pero, es hora de preguntárnoslo, ¿no está el ejército solapando la imagen de la intervención en la emergencia del Estado y de la sociedad civil? Es a ese organismo al que le corresponde. Y si no se ve así, es porque el organismo que está dotado de los recursos necesarios no es Protección Civil sino la UME.
Sin embargo, la condición de militar no añade ningún grado de mejora, ni de efectividad a la acción. La eficiencia de la intervención militar está sobrevalorada. En cuestiones bélicas la historia da testimonio continuado de la inutilidad de los ejércitos en la resolución de los conflictos. El recurso a la guerra se ha demostrado que no es más que la certificación del fracaso de la inteligencia. Nunca ninguna guerra ha resuelto ningún conflicto. Solo acredita la superioridad de la fuerza destructiva del victorioso, nunca la prevalencia de la justicia. Y en cuanto a cuestiones civiles, dar preferencia a la acción militar supondría invertir el orden del principio de subsidiaridad. En cuestiones civiles, la preeminencia corresponde a la iniciativa civil.
Por otro lado, la sociedad civil dispone de muchísimos recursos humanos con competencias sobradamente acreditadas. Tanto si lo consideramos desde el punto de vista cuantitativo (por la diversidad de competencias profesionales que abarca la sociedad civil) como desde el punto de vista cualitativo (por la excelencia de los niveles de especialización científica y técnica alcanzados). Ambas perspectivas revelan su relevancia fundamental en el caso de situaciones de crisis. Las emergencias actuales alcanzan tal grado de complejidad que requieren la cooperación multidisciplinar de muchos agentes, ligados a perfiles profesionales muy especializados (geólogos, hidrólogos, ingenieros, arquitectos, urbanistas, etc.) Se trata de perfiles profesionales muy alejados de la formación que suele impartirse en las academias militares. Situaciones en las que el ejército debe ocupar un lugar subsidiario respecto a los expertos de la sociedad civil.
En la sociedad civil la razón no la tiene uno por encima de los subordinados. Sino que es el resultado de una construcción multifactorial, en el seno de la interacción de las competencias profesionales implicadas, trabajando en equipo.
Por todo ello es necesario que todos los recursos necesarios estén disponibles en la Unidad de Emergencias que es quien tiene la competencia: el Sistema de Protección Civil (dentro del Ministerio del Interior), interconectado con toda la red administrativa del Estado ( Central, autonómico, provincial, comarcal y municipal) y la red civil de entidades (colegios) profesionales y ciudadanas integrables en la cooperación civil de la emergencia social.
Si la defensa de la población en catástrofes corresponde a la sociedad civil y no al ejército:
- Es necesario replantear la asignación de los presupuestos (generales del Estado, autonómicos, provinciales y municipales) con la dotación de recursos adecuados. Hasta ahora no han sido significativos. Y
- transferir al Sistema Nacional de Protección Civil los medios (plantillas de personal, instalaciones, vehículos, maquinaria y económicos) que actualmente dispone la UME. Es decir, proceder a dejarle caer la M a la UME, trasladando sus recursos al despliegue normativo y dotacional propio del Sistema.
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1 Servicios Técnicos de Protección Civil y Emergencias, Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Atención Sanitaria, de Emergencia, la UME de las Fuerzas Armadas, órganos de coordinación de emergencias de las CCAA, Técnicos Forestales, Agentes Medioambientales, Servicios de Rescate, Equipos de identificación de víctimas, Personal de contacto con las víctimas y sus familiares.